Compliance en el Sector Público

APUNTES DE COMPLIANCE - 7

 

Compliance en el Sector Público 

(parte 1 de 3)

Introducción

Frecuentemente, en cursos y talleres de capacitación, se nos cuestiona acerca de si el compliance es un concepto aplicable sólo al sector privado o de si existe algo que podríamos denominar compliance para el sector público. Aunque adjetivar el compliance pareciera ser un asunto meramente semántico (y abogar en favor de un compliance sin adjetivos no es el propósito de estas notas), las siguientes líneas tienen el propósito de explorar la idea de compliance en el sector público.

Evidentemente los sectores privado y público difieren entre sí y, como consecuencia de su naturaleza y sus tareas, están sujetos a normatividades diferentes. Así, mientras existen claras diferencias en sus estructuras, funciones y objetivos también existen similitudes como ecosistemas organizacionales que son, como el hecho de que el logro de sus objetivos requiere una buena gestión, al mismo tiempo que se cumple con la normatividad o “reglas del juego” aplicables. Además, tanto en el sector privado como en el público, no sólo se busca alcanzar el logro de los objetivos eficazmente, y al mismo tiempo cumplir con la legalidad y evitar sanciones por actos indebidos; se trata también de hacerlo de acuerdo a principios éticos generales establecidos en las normas, códigos de ética y códigos de conducta. Y esta meta del cumplimiento es de lo que se trata precisamente el compliance.

Obviamente, la implementación de sistemas de compliance en el sector público habrá de tomar en cuenta las particularidades de las organizaciones públicas, pero si adoptamos una perspectiva de análisis organizacional basado en sistemas y procesos podremos ver también que algunas de las estrategias para implementar sistemas de compliance en el sector privado son también útiles en organizaciones públicas.

Diferentes Enfoques

El desarrollo e implementación de un sistema de compliance en organizaciones del sector público no es sólo acerca de contar con nuevas leyes, es mucho más que promulgar nuevas normas; se trata de establecer mecanismos de gestión que permitan aplicar bien el marco normativo que ya existe y, sobre todo desarrollar modelos de integridad, estrategias de capacitación, transparencia de procesos, buena gobernanza y liderazgo efectivo.

Las leyes y el marco normativo en el que operan las organizaciones del sector público tienen un alcance limitado para garantizar la conducta de los individuos dentro de esas organizaciones. Las malas conductas y los actos indebidos tienen muchas veces su origen en una gestión deficiente (de los controles internos, de los conflictos de interés, de las líneas de denuncia, de la capacitación y el entrenamiento, entre otros), en la ausencia de personal éticamente competente y en la falta de un liderazgo genuinamente comprometido.

Además, a diferencia del sector privado, la práctica de llevar a cabo análisis de riesgos es mucho menos frecuente en el sector público, de ahí que los controles establecidos en muchos casos han sido diseñados desde un enfoque puramente deontológico (lo cual no es algo negativo) que puede ser de poca relevancia si éstos no están basados en un entendimiento de los riesgos potenciales a los que hace frente la organización en la vida real. La implementación de un sistema efectivo de compliance en organizaciones del sector público debe, necesariamente, estar basada también en un análisis de riesgos de incumplimiento hecho a la medida de la organización en cuestión.

De ahí que el objetivo de la implementación de un sistema de compliance en organizaciones del sector público no es necesariamente evitar responsabilidades legales (administrativas, civiles o penales) sino además crear genuinamente una cultura ética vertical y horizontalmente en la organización. Esto es tan relevante como en el sector privado, pero en el sector público cobra aún más importancia al ser el servicio público una actividad que requiere objetividad para servir los intereses generales; esto por encima de cualquier interés particular o de grupo.

 La OCDE recomienda que lo que resulta exitoso en las mejores prácticas internacionales es transitar de un enfoque basado sólo en normas (rules based approach) a uno basado en la integridad pública (integrity based ethics); debemos pasar de un enfoque tradicional meramente punitivo a un enfoque de gestión que sea preventivo, es decir, basado en análisis de riesgos y controles anclados en la capacitación y entrenamiento de los principios y valores del servicio público que con el tiempo den paso a una cultura organizacional de la integridad en cada institución. La OCDE establece que: “los enfoques tradicionales basados en creación de mayor número de normas, observancia más estricta y cumplimiento más firme han mostrado una eficacia limitada. Una respuesta estratégica y sostenible contra la corrupción es la integridad pública”.

De ahí que un elemento fundamental para la existencia de un programa efectivo de compliance en las organizaciones del sector público sea el compromiso y la voluntad genuinos desde las más altas esferas del liderazgo, tanto del sector público en su conjunto como de los líderes de cada una de las organizaciones públicas o instituciones, esto es voluntad y compromiso políticos. Los servidores públicos deben liderar con el ejemplo basado en la jerarquía de valores y principios de servicio al bien general, al interés público, por encima de cualquier interés particular. En este sentido, un enfoque ético basado en la integridad pública requiere la formación de funcionarios éticamente competentes.

Integridad Pública

El concepto de integridad es un concepto usado mucho discursivamente tanto por políticos y servidores públicos para significar cosas diferentes, pero la premisa básica de este concepto está basada en la honestidad. La integridad enfatiza la consistencia moral, la honestidad, la correspondencia directa entre los valores profesados y las decisiones y conductas de una persona, que persisten incluso en situaciones adversas en la toma de decisiones, evidentemente ayudando a tomadores de decisiones a resolver dilemas éticos. 

Para la OCDE, la integridad pública “se refiere a la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público”. De ahí que un sistema de compliance en el sector público debe partir del fortalecimiento de la integridad pública a través de capacitación y entrenamiento permanentes ad hoc a las funciones y responsabilidades de los funcionarios para instilar los valores y principios del servicio público.

Las tareas que se desprenden de este enfoque son el papel del liderazgo y la capacitación para fortalecer la motivación de los servidores públicos en las ventajas de desempeñar su trabajo con integridad, con el propósito de hacer esta manera de actuar un estilo de vida organizacional, una cultura ética que guie el servicio público.

Referencias

OCDE, Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2017.

Abel Rivera

Director, CCRC Auditoría y Control Interno, S.C.